Editorial Newsletter Agosto 2018

DESAFÍOS QUE DEJA CASEN 2017

De acuerdo a la Encuesta Casen 2017 recientemente dada a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social, un 66,8% de los hogares en situación de pobreza están compuestos por niños y niñas que viven precariedad en diferentes dimensiones de su vida, tales como, educación, salud, vivienda y acceso a apoyo y redes familiares. Niños y niñas que viven una pobreza multidimensional que afecta su desarrollo pleno.

La pregunta que surge entonces es cómo el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez -que tiene precisamente como objetivo garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en estos ámbitos- puede asegurar su efectivo funcionamiento considerando estos datos y escenario. ¿A qué estamos llamados como sociedad para garantizar que esta ansiada reforma estructural realmente instale un sistema integral de garantía de derechos?

Se ha debatido mucho sobre el rol del Estado como garante de los derechos de los niños, las falencias del sistema y los desafíos que urgen implementar. Fundaciones como la nuestra que trabajan temáticas afines a la materia deben tener un rol activo en la visibilización permanente de la realidad que viven familias que se encuentran en entornos vulnerables, como una manera de “dar voz” y priorizar políticas públicas que estén orientadas a mejorar las condiciones de vida en la que se encuentran estas personas. Parte del trabajo que tendremos el segundo semestre en el “Cable a Tierra”, programa presente en la población Angela Davis de la comuna de Recoleta, es acompañar, conocer la particularidad de cada familia, dilucidar sus necesidades, facilitar redes de apoyo y apoyar el fortalecimiento del rol parental como herramientas claves para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas de esta localidad.

Estamos convencidos que empoderando no sólo tendremos familias más participativas en su rol de criar de manera respetuosa, sino también, una “comunidad de cuidado” consciente de organizarse para relevar las necesidades fundamentales que garanticen el derecho de sus hijos, tales como, acceso a la educación, salud, autonomía progresiva y privacidad, el “derecho a ser oído” y a “vivir en familia”. Como instituciones de la sociedad civil no sólo tenemos el rol de vigilar y cuestionar las malas prácticas, sino también, poner a disposición de otros nuestros conocimientos, experiencias y modelos de trabajo que aseguren un estándar de atención con calidad para los niños y niñas de nuestro país.

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